Ya está publicada en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La Ley parte de la idea de que la principal fuente de información de posibles irregularidades o conductas ilegales suele venir de personas de dentro de las organizaciones, y tiene por objeto salvaguardar a estos informantes que denuncian prácticas corruptas o ilegales, dotándolos de medidas de protección ante potenciales represalias.

El impacto de esta nueva regulación, ya conocida en su trámite parlamentario, lo abordamos en el Aula Laboral Aedipe Catalunya & Cuatrecasas del pasado 29 de junio, bajo el título Compliance y canales de denuncia en RRHH.

La norma obliga a todas las compañías de más de 50 trabajadores y a la administración pública a implementar canales de información que aseguren la seguridad en la comunicación y la confidencialidad o anonimato de los informantes.

Con este tipo de canal no solo se busca proteger al alertador, sino también dotar a la organización de información para prevenir y corregir conductas irregulares que puedan causar daño a la organización, así como detectar ineficiencias del negocio.

La ley es rigurosa en relación a las características que deben tener el canal de comunicación y la tramitación de las denuncias recibidas, garantizándose la seguridad en la información, el cumplimiento de los requisitos de protección de datos de carácter personal, la recepción de denuncias anónimas, tener un procedimiento reglado de gestión e investigación… y no permitiendo el uso de herramientas como el correo electrónico o buzones físicos como se venía utilizando en muchas ocasiones.

La Ley sí contempla la posibilidad de externalizar la gestión del canal de denuncias, hecho que parece reforzar la independencia y ofrece a los potenciales informantes una mayor garantía de gestión profesional e independiente de la denuncia.

Las empresas de más de 50 trabajadores han de cumplir con lo que dispone la ley antes del próximo 1 de diciembre de 2023 (el 12 de junio para las compañías a partir de 250 trabajadores). Las sanciones por su incumplimiento pueden derivar en sanciones de hasta 600.000 € y la pérdida del derecho a recibir subvenciones y a contratar con la Administración Pública.

Puedes consultar el redactado de la ley en el siguiente enlace: