El derecho a la desconexión digital ha pasado en pocos años de ser una aspiración vinculada al bienestar laboral a convertirse en una exigencia jurídica con implicaciones normativas, organizativas y sancionadoras. Desde su reconocimiento en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), este derecho se ha consolidado como una garantía de respeto al tiempo de descanso y a la intimidad personal y familiar de las personas trabajadoras. Su desarrollo normativo se ha completado con referencias en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 10/2021, de trabajo a distancia, y se prevé que alcance una nueva dimensión tras la aprobación del Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión, actualmente en tramitación.

El artículo 88 de la LOPDGDD establece que «los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar». El precepto añade que «el empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna […] en la que se definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión digital y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas».

Por su parte, el artículo 18.2 de la Ley 10/2021 refuerza esta previsión al indicar que «la empresa elaborará una política interna en la que se definirán las modalidades de ejercicio de este derecho, incluyendo las limitaciones al uso de los medios tecnológicos de comunicación durante los períodos de descanso y la formación necesaria».

El respeto a este derecho no se limita a evitar la obligación de contestar mensajes fuera del horario. Como han señalado diversas resoluciones judiciales, el envío mismo de comunicaciones fuera de la jornada laboral constituye una vulneración, aunque no se exija respuesta inmediata. De ahí que las empresas deban implantar medidas reales de prevención: revisiones de carga de trabajo, mecanismos técnicos de control de envíos fuera de jornada, sensibilización de mandos y acciones formativas dirigidas a reforzar una cultura organizativa saludable.

Esta obligación de garantizar el descanso efectivo cobra especial relevancia en contextos de trabajo a distancia, donde los límites entre vida personal y profesional tienden a diluirse. En este marco, la empresa debe actuar de forma proactiva, adaptando sus dinámicas internas para que la desconexión digital no dependa exclusivamente de la actitud del trabajador.
El Proyecto de Ley para la reducción de la jornada ordinaria y garantía del derecho a la desconexión digital introduce importantes novedades que afectan al contenido, carácter y eficacia jurídica de este derecho.

En primer lugar, el artículo relativo a la desconexión digital amplía su alcance, al prever que dicho derecho se concreta en la «ausencia de toda solicitud de realizar una prestación laboral y la ausencia de comunicación de la empresa o persona en quien delegue, así como de terceros con relación comercial con la empresa», y en el «derecho a no estar localizable fuera de su horario de trabajo». Este matiz es clave, ya que traslada la responsabilidad empresarial más allá del control jerárquico interno, abarcando incluso a clientes y proveedores.

En segundo lugar, se establece expresamente que el derecho a la desconexión digital tendrá carácter irrenunciable.

En tercer lugar, se refuerza el régimen sancionador. La nueva norma prevé que los incumplimientos en materia de jornada, incluida la desconexión digital, puedan ser sancionados de forma individual por cada trabajador afectado. En caso de infracción en el registro de jornada, se establece una presunción de veracidad de los datos aportados por el trabajador, salvo prueba en contrario, y se considerará jornada efectiva todo el tiempo entre el inicio y la finalización si no se registran las pausas. Las multas pueden alcanzar los 10.000 euros por trabajador.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su sentencia n.º 304/2021, condenó a una empresa a indemnizar a una trabajadora que recibió correos electrónicos fuera de horario estando de baja médica, subrayando que «el derecho a la desconexión digital exige que no se reciban comunicaciones de la empresa fuera del tiempo de trabajo» y vinculando esta infracción con el artículo 15 de la Constitución Española, al considerar vulnerada su integridad moral.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid n.º 575/2023 avaló el despido disciplinario de una trabajadora por vulnerar el derecho a la desconexión digital de su superior jerárquico durante sus vacaciones. El tribunal subrayó que este derecho se aplica a todos los miembros de la organización, incluidos los cargos directivos, y que su vulneración puede justificar la extinción contractual.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 21 de septiembre de 2015 (rec. 259/2014), declaró abusiva una cláusula que imponía al trabajador la obligación de facilitar su teléfono móvil y correo electrónico personal, señalando que el consentimiento en estas condiciones no puede considerarse libre por el desequilibrio estructural de la relación laboral.

En definitiva, tanto la jurisprudencia reciente como el nuevo Proyecto de Ley avanzan en la misma dirección: la consolidación del derecho a la desconexión digital como una garantía efectiva del tiempo de descanso y de la salud psicosocial de las personas trabajadoras. Por un lado, los tribunales están reconociendo cada vez con mayor claridad los límites a la disponibilidad fuera de jornada, sancionando usos abusivos de las comunicaciones laborales y protegiendo incluso a mandos intermedios y directivos frente a intromisiones injustificadas de los trabajadores. Por otro lado, el legislador refuerza este marco con una regulación más precisa, que consagra el carácter irrenunciable del derecho, prohíbe expresamente las comunicaciones empresariales o de terceros fuera de horario, e introduce un régimen sancionador más estricto, orientado a garantizar su cumplimiento real. Esta evolución normativa y jurisprudencial exige a las empresas una transformación organizativa coherente con la cultura del respeto al tiempo de desconexión. Este derecho constituye una herramienta esencial para proteger la salud física y mental de los trabajadores y garantizar la separación efectiva entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal.

Autora: Maialen Antón Sancho, abogada laboralista de Grupo Lexa Consultores

Publicat a la revista Dirigir Personas número 57.